Un exhaustivo análisis europeo revela que España se sitúa como la principal economía de la zona euro que más incrementa su recaudación tributaria aprovechando el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este mecanismo, que consiste en no ajustar los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al incremento del Índice de Precios al Consumo, genera automáticamente una subida fiscal encubierta que representa el 9,4% del total recaudado por este tributo directo, según datos consolidados a principios de 2024.
El estudio, titulado Fiscal drag in theory and in practice: a European perspective, publicado en la revista European Economic Review con la colaboración del Banco de España, constituye la comparativa más completa hasta la fecha sobre el impacto de la no deflactación de tipos impositivos en el ámbito comunitario. Más de veinte economistas de diversas nacionalidades participaron en esta investigación que sitúa a España únicamente por debajo de Chipre en cuanto al aprovechamiento de esta práctica fiscal.
Tres grupos diferenciados en Europa
El panorama europeo dibuja tres categorías claramente diferenciadas en función del grado de protección que cada Estado ofrece a sus ciudadanos frente a la inflación fiscal. España aparece junto a Malta, Chipre e Italia en el grupo menos favorable para los contribuyentes, donde las medidas correctoras apenas logran mitigar menos del 50% del aumento fiscal provocado por la subida de precios. Los expertos critican especialmente que las acciones adoptadas en nuestro país han sido puramente discrecionales y diseñadas ad hoc, sin una estrategia explícita y coherente por parte del Ministerio de Hacienda.
El segundo bloque lo integran países como Estonia, Países Bajos, Hungría y Bélgica, donde la compensación es más generosa pero no alcanza el 80% del impacto inflacionario. Finalmente, existe un tercer grupo especialmente nutrido formado por Austria, Lituania, Alemania y Luxemburgo, entre otros, que no solo han neutralizado completamente el efecto de la inflación sobre los tipos de gravamen, sino que han ido más allá implementando deducciones adicionales que suponen un alivio fiscal superior al 100% del incremento originado por el IPC.
Consecuencias para las rentas medias y bajas
Josep Ramon Aixelà, responsable de macroeconomía y mercados financieros de la Barcelona Finance School y del Instituto de Estudios Financieros, destaca que los contribuyentes de los tramos medios y bajos de ingresos son los más vulnerables ante esta situación. Estos segmentos de población tienen mayor probabilidad de experimentar cambios de tramo marginal en el IRPF cuando sus salarios se actualizan nominalmente por inflación, sin que su poder adquisitivo real mejore. Este fenómeno explica en parte por qué el crecimiento económico que registra España no se traduce plenamente en mejoras del bienestar de las familias, perpetuando así el problema del estancamiento del PIB per cápita español respecto a otros socios europeos.
Según estimaciones del Consejo General de Economistas, un contribuyente con una renta bruta anual de 25.000 euros paga de media 256 euros adicionales al año debido a la falta de ajuste del impuesto. Para aquellos que ganan más de 30.000 euros, el sobrepago asciende a 342 euros anuales, mientras que quienes perciben 45.000 euros soportan un exceso de tributación de 525 euros. Estas cifras demuestran el impacto acumulativo que la no deflactación tiene sobre la economía doméstica de millones de españoles.
Iniciativas autonómicas y debate político
Ante la inacción del Gobierno central, varias comunidades autónomas han ejercido sus competencias en el tramo autonómico del IRPF para aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos. La Comunidad de Madrid aplicó un ajuste en 2023 para contrarrestar las subidas salariales derivadas de la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, estableciendo desde entonces una norma que actualiza los tramos automáticamente cada año hasta un máximo del 3,1%. Además, para 2027 anuncia una rebaja adicional de medio punto en todos los tramos, situando el tipo mínimo autonómico en el 8% y el máximo en el 20%.
La Rioja ha establecido una deflactación automática cuando el IPC interanual de la región en diciembre supere el 3%, ajustando entonces la totalidad del porcentaje que exceda ese umbral. Por su parte, tanto Navarra como el País Vasco, dentro del régimen foral, implementaron actualizaciones de entre el 2,5% y el 3% hasta 2024. La Generalitat Valenciana, sin denominarla formalmente deflactación, anunció una rebaja de los tramos autonómicos que beneficiará a 2,7 millones de contribuyentes, especialmente aquellos con ingresos entre 32.000 y 72.000 euros brutos anuales.
Efectos en las arcas públicas
Mientras los ciudadanos soportan una mayor carga tributaria real, el Estado español ve incrementados sus ingresos de forma sistemática. La recaudación por el Impuesto sobre la Renta continúa batiendo récords año tras año, una tendencia que los críticos atribuyen directamente a la falta de actualización de los tramos impositivos. Esta dinámica convierte a la Hacienda española en una rara avis dentro del contexto comunitario, donde la mayoría de países han optado por proteger el poder adquisitivo de sus contribuyentes mediante ajustes automáticos o periódicos.
La cuestión de la no deflactación ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en un tema de confrontación política. El Partido Popular ha utilizado este argumento tanto en el Congreso como en el Senado, llegando incluso a conseguir la aprobación en la Cámara Alta de una moción que insta al Gobierno a poner fin a lo que califican como subida encubierta de impuestos. Sin embargo, hasta la fecha no se han producido cambios legislativos significativos a nivel estatal que reviertan esta tendencia.
En clave: Por qué importa
La ausencia de deflactación del IRPF en España representa mucho más que una cuestión técnica fiscal: constituye un factor estructural que erosiona el poder adquisitivo de las familias y explica por qué el crecimiento macroeconómico no se refleja en mejoras tangibles del bienestar ciudadano. Con España situada entre las economías de la eurozona con mejor desempeño en términos de PIB, pero con un PIB per cápita estancado respecto a sus socios europeos, la progresividad en frío actúa como un freno invisible que impide que el progreso económico llegue efectivamente a los hogares. Este fenómeno no solo afecta a la justicia tributaria, sino que tiene implicaciones directas sobre la capacidad de consumo, el ahorro familiar y, en última instancia, sobre las posibilidades de las clases medias para planificar su futuro y su jubilación en condiciones dignas.
